Al terminar la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918, algunas experiencias surgidas del conflicto fueron recogidas por diversos países europeos participantes. Así mismo, la Convención Internacional de Navegación Aérea celebrada en París en 1919, buscó generar un marco legal para el desarrollo aeronáutico en el mundo.
Chile no permaneció ajeno al contexto mundial, iniciándose una serie de cambios legales destinados a dar forma a un sistema aeronáutico nacional, a través de decretos que creaban, modificaban y suprimían consecutivamente instancias de la institucionalidad que se generaba, lo que demuestra que era una época de debate y experimentación.
Como parte de este proceso, el 18 de marzo de 1919 se dictó el Decreto Supremo 654, que constituyó el primer atisbo de una fuerza aérea autónoma, al establecer la “Fuerza Aérea Nacional”, con los medios aéreos del ejército y de la armada. Esta orgánica no alcanzó su pleno desarrollo, siendo sustituida a mediados de 1920.
Así, con fecha 15 de julio de 1920 mediante el Decreto 1669 se creó la “Inspección General de Aviación”, cuyo primer jefe fue el General de División Luis Contreras Sotomayor. La nueva entidad era independiente del ejército y la armada, sujeta a la autoridad del Ministerio de Guerra y Marina (actual Ministerio de Defensa Nacional), teniendo por atribuciones principales:
– – Supervisar los servicios aéreos de ejército y armada.
– – Supervisar y reglamentar los servicios aéreos civiles y comerciales.
– – En caso de guerra, asumir el mando de las aviaciones militar, naval y civil.
Además, en su orgánica consideraba aspectos como fábricas, maestranzas, construcciones aeronáuticas, entre otras, denotando la idea de generar una industria aeronáutica nacional. Destaca el concepto central de englobar en su esfera de supervisión los servicios aéreos armados y la aviación civil, además de preocuparse por la actividad productiva ligada a la aeronáutica.
Pese a las bondades evidentes de estos planteamientos, esta iniciativa tampoco alcanzo su madurez, pues el Decreto Supremo 3.101, de fecha 25 de octubre de 1921 derogó la legalidad que sustentaba la “Inspección General de Aviación”, restableciendo la plena autonomía de los servicios aéreos de ejército y armada.
Sin embargo, todos estos principios que se plantearon al crearla, perdurarían en la visión de los diversos jefes que guiaron las alas de Chile durante la década de 1920, para fructificar en las manos del Comodoro Arturo Merino Benítez, quien al contar con el apoyo del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo pudo concretar las bases del que sería un sistema aeronáutico nacional coherente y funcional.
